Saltó la liebre!!!

Y bué, el boletín oficial publicó que al menos uno de los implicados como autor intelectual del asesinato de Kosteki y Santillón, en Puente Pueyrredón, tenía los antecedentes lógicos: el ex intendente de Hurlingham Juanjo Alvarez había sido agente de la SIDE durante la dictadura militar. El mismo tipo que horas después de los crímenes salió a decir que los piqueteros estaban armados y se mataban entre ellos... Te acordás? Uno de los que anticipó la masacre por los medios. Te acordás? Si no, vale el siguiente artículo que hace un relevamiento de lo que decían algunos diarios los días anteriores:

ASÍ PREPARARON LA MASACRE DE AVELLANEDA

Por Paul Castañeda

Hacia mayo de 2002 era evidente el fracaso del gobierno Duhalde, (...) la movilización popular se acentuaba.
A fines de mayo, con la crisis política a punto de devorarlo, Duhalde negoció en La Pampa con los gobernadores del PJ el “endurecimiento de las acciones del gobierno” (Ambito Financiero, 29/5/2002) contra los piqueteros y los movimientos de lucha, para lo cual se debía “incluir a fiscales y jueces” (ídem).
El 7 de junio los diarios publicaban las amenazas del gobierno contra los piqueteros. Ambito Financiero las calificó de “inesperado anuncio”. BAE decía el mismo día que el gobierno “resolvió finalmente ponerles un límite a los piqueteros”. Se comenzaba a poner en marcha lo resuelto entre el gobierno y los gobernadores del PJ. Otro medio (10/6/2002) informaba acerca de la “existencia de un plan de represión de las fuerzas armadas” para “impedir la desintegración nacional”. Días más tarde, el canciller Ruckauf llamaba a los aviadores a sumarse a la represión (La Nación).
El 14, de acuerdo con Ambito Financiero “el ministro de Gobierno santafesino, Esteban Borgonovo, dijo que ‘no toleraremos que los piqueteros sitien nuevamente la ciudad’”, y señaló un cambio “de actitud respecto a los piquetes. Borgonovo avisó que, de ahora en más, la política oficial con los piqueteros será más dura”.
El 16, Clarín notificó que el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, consideraba el corte de los accesos a la ciudad como “una acción bélica”. Y agregó un dato: “Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la Secretaría de Seguridad fue sacada de la órbita del Ministerio del Interior y colocada bajo dependencia directa del Presidente, convertida en un virtual ministerio”.
El 17, después de una reunión con Alvarez, Duhalde advirtió: “Hay que evitar los piquetes (...) no puede ocurrir más que se corten los accesos a la Capital Federal” (Diario Popular, 18/6/2002). El 18 de junio se produjo una “reunión cumbre” (cable de la agencia Infosic, publicado en Prensa Obrera Nº 761) “para definir normas contra los piquetes”. El cable consignaba que “por segundo día consecutivo se reunieron en la Casa Rosada los responsables oficiales del área de la seguridad para analizar la actitud con la que el gobierno afrontará las modalidades de protesta social a través de la renovación de los piquetes y disturbios. Pero la preocupación oficial se evidenció hoy cuando, además de los jefes de las fuerzas de seguridad, se convocó al ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el procurador, Nicolás Becerra, y el jefe de los fiscales penales federales, Norberto Quantín. Una fuente gubernamental relató a Infosic que la reunión de seguridad, que el lunes encabezó el presidente Eduardo Duhalde, y hoy el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, avanzó en definir los roles de cada uno de los sectores involucrados al actuar contra la protesta popular”.
Sigue el cable: “En los encuentros se debatió cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal [cuyos jefes estuvieron presentes] y la cobertura a su acción que tendrá en la Justicia, a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno”.
El plan represivo preveía la preparación de las comisarías para recibir masivamente detenidos. Clarín del 19/06/02 informa que “la preocupación por la seguridad no estuvo ajena tampoco en el almuerzo que compartieron ayer en la Casa Rosada el presidente Eduardo Duhalde y el gobernador bonaerense, Felipe Solá: acordaron utilizar la capacidad ociosa del Servicio Penitenciario Federal para alojar presos en sus cárceles y descomprimir las comisarías de la provincia” (el 26 de junio, 150 compañeros fueron encerrados en la ‘descomprimida’ Comisaría 1ª de Avellaneda) y “señalaron la necesidad de coordinar las políticas de seguridad entre la Nación y Buenos Aires. Para ello acordaron convocar a una reunión urgente entre organismos de seguridad de ambas jurisdicciones. Para demostrar que lo consideran una cuestión prioritaria, Duhalde y Solá participarían en forma personal de ese encuentro”.
Las amenazas del gobierno se sucedieron todos los días, incluso del propio Duhalde: “Tenemos que ir poniendo orden” (El Cronista, 19/6/2002). Clarín insistió el 20 en el ‘nuevo rol’ de la Justicia: “A la Justicia no la tomará desprevenida cualquier incidente que se pudiera producir”.
Al día siguiente, La Nación informó que “altas fuentes de la Presidencia (...) expresaron su intención de ‘recuperar rápidamente el orden público’”. Y agregó: “Aunque no aparecerá por escrito en ninguna parte, la consigna que recibió la policía es la siguiente: sólo se permitirá el corte de caminos de poca circulación. Cuando los piquetes se instalen en autopistas o puentes, la orden será desalojar”. Y concluyó: “Para esa tarea, el Gobierno ya cuenta con un elemento del que carecía hace unos meses: el apoyo del Poder Judicial, sin cuya orden expresa es imposible realizar desalojos o represiones”.
El 23/06/02, Carlos Ruckauf advirtió a un auditorio de militares que se venían “días de desbordes”. Brinzoni, entonces jefe del Ejército, confirmó que se discutía que esa fuerza “se ocupe de cuestiones de seguridad que hoy están en manos de la Gendarmería y la Policía” (Página/12, 24/6/2002).
El 24, dos días antes de la masacre, Ambito informaba que “la Justicia de la provincia de Jujuy ordenó a la Policía local que garantice la libre circulación de vehículos y peatones por calles y rutas y otorgó facultades para realizar la detención de piqueteros”. El día anterior habían sido allanados los locales de la CTA y ATE de la capital provincial.
Entre el 24 y el 26 de junio medio gabinete salió a atacar a los piqueteros. El 25 se produjo un anticipo de lo que sería la represión del 26. En Tucumán, “la policía local junto con la Gendarmería desalojó tres piquetes en los puentes Lucas Córdoba, San Andrés e Ingeniero Barros, en el último caso con gases lacrimógenos. El despeje fue realizado por pedido del gobernador Julio Miranda (PJ), con conocimiento del juez federal Felipe Terán” (Página/12, 26/6/2002).
El 26, con 3.000 policías, gendarmes y prefectos en la calle, el gobierno jugó la carta de la aniquilación de la protesta popular para alcanzar su gobernabilidad.

Tres recomendaciones más: el "Yo acuso" de Vanina Kosteki y "A un año de la masacre", también de la hermana de Maxi, y los lineamientos de la acusación preparados por Claudia Braccamonte, que reproduzco:

Por la Dra. Claudia Bracamonte (Asociación de Profesionales en Lucha), representante legal de la familia Kosteki.

Es evidente que estamos en un juicio de gran importancia. La movilización popular que se desarrolla fuera de este Tribunal, la cobertura mediática, muestra claramente que el país entero esta pendiente de la evolución y el resultado de este juicio.
No es para menos si se tiene en cuenta que los hechos que hoy comenzaran a juzgarse, han impactado al país entero. El asesinato de dos luchadores populares, KOSTEKI Y SANTILLÁN, decenas de heridos de bala, una represión brutal, despertaron el repudio de toda la población.
Por otro lado, las consecuencias políticas que produjo, por todos sabidas, fue la renuncia anticipada del doctor Duhalde. No pueden analizarse los hechos si no se tiene en cuenta el entorno político.
Recordamos que en diciembre de 2001 una rebelión popular terminó con el gobierno de De la Rúa. Esa movilización continuó luego contra los presidentes que sucesivamente fueron ocupando el poder. (...) Alguno se animará a objetar que esta parte quiere politizar los hechos. Sin embargo, consideramos que se corre el peligro inverso, la despolitización. Es decir, que los responsables máximos de la masacre, que ocupaban cargos políticos y que aún hoy los siguen ocupando, no sean castigados. (...)
El día 26 de junio de 2002, en la Ciudad de Avellaneda, en el contexto de una manifestación convocada por distintas agrupaciones de desocupados y piqueteros, cerca del mediodía, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, tuvo lugar el "primer operativo conjunto" del total de las fuerzas de seguridad, sumando a la Policía Federal, a la Policía Bonaerense, La Prefectura y la Gendarmería. Iniciada la represión los manifestantes comenzaron a replegarse en distintas direcciones seguidos por los efectivos policiales.
Aquellos manifestantes que se replegaron sobre la avenida Hipólito Yrigoyen fueron seguidos por efectivos que integraban la agrupación Marea Azul (compuesto por personal de Infantería y Caballería) y personal de Infantería.
A la altura de los paredones del supermercado Carrefour, Fanchiotti y Acosta, ubicados en la mitad de la Avenida Hipólito Irigoyen y delante de la línea formada por los efectivos de infantería, disparan sus escopetas con la finalidad de provocar la muerte de las personas que tenían frente a sí, entre las que se encontraban Maximiliano Kosteki, Miguel Ángel Paniagua, Leonardo Raúl Escobar Ferrari y Darío Adolfo Pantoja. Disparan sus escopetas con munición de guerra hacia la muchedumbre, hiriendo en esa oportunidad a los nombrados Paniagua, Escobar Ferrari y Kosteki, quien fallece instantes después a consecuencia de las heridas sufridas (Anexos B a la I de la causa 6643).
La persecución a los manifestantes que se dirigían hacia la estación de trenes de Avellaneda por parte de las fuerzas allí apostadas demuestra por sí sola la existencia de un código y un mando único en la represión que se abatió sobre la movilización piquetera aquella trágica jornada.
(...)
Se trató de una operación de Estado advertida con antelación, ya que desde el 18 de junio de 2002, el gobierno nacional, la Justicia y las fuerzas de seguridad habían avanzado en la definición de las directivas que deberían acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar las protestas como los piquetes. Pero la preocupación del gobierno nacional se evidenció cuando, además de los jefes de las fuerzas de seguridad, se convocó al ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el procurador Nicolás Becerra, y el jefe de los fiscales penales federales, Norberto Quantín. Se definiría así los roles de cada uno de los sectores involucrados al actuar contra la protesta popular.
También se debatió cuál sería la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal y la cobertura a dicho accionar que tendría en la Justicia.
Es el mismo ex presidente Eduardo Duhalde quien advierte que el gobierno no iba a tolerar que la Capital quedara aislada por el accionar de los piquetes, según declaraba el 19 de junio de 2002, día en que encabezó la primera reunión de seguridad.
Estuvieron presentes como representantes de las fuerzas de seguridad sus titulares, Hugo Miranda, de Gendarmería Nacional; Juan José Beltritti, de la Prefectura, y Roberto Giacomino, por la Policía Federal.
(...)
El 19 de junio, antes de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Villa Domínico a la que se le endilgó un plan "insurreccional", se realiza una reunión en la que participan el jefe de Gabinete, el secretario de Seguridad, los jefes de Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, el jefe de los fiscales, Nicolás Becerra, y el fiscal de cámara Norberto Quantín, con quienes el gobierno apunta a coordinar las acciones en caso de tener que ordenar desalojos por la fuerza" (Clarín, 19/6). Se resuelve allí el despliegue en masa de las fuerzas de seguridad y Juan José Alvarez, anuncia que el corte de los puentes será tomado como "una acción bélica", lo que supone un plan para contrarrestarlo que no se da a conocer. Ese mismo día, el Gobernador Felipe Solá, se reúne con Duhalde resolviendo la acción conjunta de las cuatro fuerzas de seguridad en las tareas represivas.
Perpetrada la masacre, pero antes de la crisis política que estalla con las revelaciones del periodismo, el gobierno hace una presentación con la firma del Ministro de Justicia Jorge Vanossi, ante la Procuración General de la Nación (contra las organizaciones de los manifestantes) (...).
Sin embargo, la contundencia de las imágenes de la barbarie y las voces de repudio que confluyeron en la movilización de 50.000 manifestantes en la Plaza de Mayo, con el inmenso protagonismo de las Asambleas Populares, provocó que en 48 horas el gobierno pasara de la teoría del complot a la de la brutalidad de algunos personajes policiales, donde todo el esfuerzo estaba puesto en tapar las huellas de la conspiración encabezada por el propio Duhalde.
Este fue el marco institucional otorgado a los aquí imputados, la manutención de la justificación plena de su accionar lo cual adquiere una dimensión especial que les confiere una singular gravedad, cargando sobre los funcionarios públicos en ejercicio al 26 de junio de 2002, la responsabilidad penal correspondiente que esta parte intentará demostrar en el transcurso del debate.
Por ello esta parte reclama se cite en carácter de imputados en los términos del art. 45 del Código Penal a:
1) Eduardo Duhalde, presidente de la Nación al 26 de junio de 2002 y actual representante del Mercosur.
2) Felipe Solá, gobernador de la Provincia de Buenos Aires al 26 de junio de 2002 y cumpliendo idénticas funciones actualmente.
3) Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia al 26 de junio de 2002 y actual Ministro del Interior.
4) Al Sr. Juan José Álvarez, secretario de Seguridad Interior de la Nación al 26 de junio del 2002 y actual Diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.
5) Al Sr. Luis Genoud, ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia al 26 de junio del 2002 y actualmente Ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
6) Alberto Atanasof, jefe de Gabinete al 26 de junio de 2002 y hoy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.
7) Jorge Matzkin, ministro del Interior al 26 de junio de 2002.
8) Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia, hoy diputado nacional por la Capital Federal.
9) Carlos Soria, ex secretario de la SIDE, hoy intendente de Gral. Roca, Pcia. de Río Negro.
10) Oscar Rodríguez, número dos de la SIDE, hoy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.
11) Carlos Ruckauf, Ministro de Relaciones Exterioes y Culto al 26 de junio de 2002, hoy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.
En cuanto a los imputados Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta entendemos que resultan coautores de los delitos de homicidio agravado, respecto de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y tentativa de homicidio agravado respecto de los manifestantes que se retiraban por la Av. Hipólito Irigoyen hacia la estación férrea de Avellaneda, entre los que se encontraban Miguel Angel Paniagua. En consideración a la imputación específica del agravante de alevosía normado en el artículo 80, inc. 2 del Código Penal, se destaca que los imputados actuaron con conocimiento de la situación de indefensión de las víctimas de autos, aprovechándose de esta situación fáctica.”
Sr. Presidente del Tribunal, a través del aniquilamiento físico de luchadores populares como Maximiliano Kosteki y las demás víctimas, la masacre de Puente Pueyrredón persiguió un preciso objetivo político: aniquilar el proceso de movilización popular iniciado en diciembre del 2001. Actualmente, existen 5.000 causas penales contra luchadores populares que demuestran la continuidad política del viejo régimen. (...)
Hoy se inicia un juicio cuya definitiva sentencia dictará el pueblo.

Tribunales de Lomas de Zamora, 17 de mayo de 2005