La desaparición de Julio López y el aparato de seguridad

La que sigue es la nota editorial de la Metro Nº 2:

Jorge Julio López lleva más de un mes desaparecido y –al cierre de esta edición– no se tienen noticias de su paradero y el gobierno provincial confiesa no tener una sola pista para seguir. Hablamos del testigo clave en los Juicios por la Verdad que lleva adelante la justicia bonaerense, los cuales continúan con otros testimonios contra represores.
Fue el mismísimo gobernador Felipe Solá quien aseguró que López «es el primer desaparecido en democracia». Ocioso es señalar la carga política que el concepto «desaparecido» tiene en nuestro país. Miles de «desaparecidos» durante la dictadura militar le han dado a ese término una connotación específica: aquella relacionada con el terrorismo de Estado, las fuerzas represivas, los grupos de tareas.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, el moronense Edy Binstock, dijo además a una radio –declaraciones reproducidas por El Día (20/10)– que existen «algunos personajes que parecen añorar una etapa no democrática» del país y apuntó a «sectores activos de las fuerzas armadas y debe haber, aunque no lo hagan público, sectores dentro de las fuerzas de seguridad, tanto en la (policía) bonaerense como en la federal».
No puede resultar extraño, entonces, que los testigos a quienes el gobierno ofreció «protección» policial mientras siguen los juicios en La Plata, hayan coincidido en la misma respuesta: no. La sospecha de que han sido esos «sectores activos» los responsables de la desaparición de López es casi una certeza para muchos.
¿O no estaban en situación de «protegidos» los testigos amenazados en el juicio por presunta pedofilia que se le sigue al cura Julio César Grassi? Ni hablar de los numerosos casos de gatillo fácil ni los escandalosos casos de robos, asesinatos y secuestros extorsivos en los que policías y militares se encuentran involucrados, incluso liderando bandas dedicadas a «tareas» delictivas en pequeña y gran escala.
Ni los sucesivos descabezamientos ni las habituales purgas han servido para desarticular la red de «barones» enseñorada en las comisarías y departamentales, según demostraron investigaciones oficiales y periodísticas, denunciadas reiteradamente por organizaciones no gubernamentales argentinas e internacionales (de derechos humanos, Amnesty, etc.). Esta es una verdad que, en La Plata, no reconocen abiertamente –salvando elipsis como la de Binstock– pero de la cual son perfectamente concientes.
Dicha red incluye a policías retirados, exonerados, en disponibilidad y en actividad. Por eso son temidos en las más altas esferas gubermentales. Porque allí saben, también –como ya ha ocurrido–, que los «barones» son perfectamente capaces de echar por la borda las pretensiones políticas de cualquiera cuando se trata de salvaguardar sus intereses o simplemente tomar venganza.
Es por todo ello que la desaparición de López resulta mucho más grave, incluso, que el asesinato de Cabezas: no se trata de una «vendetta» privada sino de la respuesta represiva de un «aparato» que sigue vigente y amenaza a la sociedad en su conjunto.
La respuesta popular tiene que igualar y sobrepasar esa envergadura.